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Liberación es un espacio radial con Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, para abordar temas de actualidad y fomentar las voces e iniciativas que buscan transformar positivamente la sociedad cubana.

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Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba y el mundo.

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Noticiero Radio Martí presenta los hechos que hacen noticia en Cuba y el mundo.

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El boxeador cubano Frank Sánchez ya sabe quién debería ser su próximo rival. Ahora sólo le falta la fecha. Sánchez, quien busca convertirse en el primer cubano campeón mundial del peso supercompleto, se medirá al croata Filip Hrgovic por la corona de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El guantanamero había dado un paso al costado para permitir que Hrgovic y el británico Moses Itauma pelearan por el cinturón que quedó vacante en la FIB tras el retiro del ucraniano Oleksandr Usyk, con el compromiso de que el ganador se mediría de manera obligatoria con él. El fin de semana pasado, el croata se impuso por nocaut técnico a Itauma en nueve rounds, luego de que el británico dominara los primeros asaltos. Pero Hrgovic resultó ser un muro de piedra, que resistió todos los golpes que su rival le lanzó, para contraatacar cuando el joven del Reino Unido acusó cansancio por la intensidad de la pelea. Ya en el noveno round, Itauma no podía levantar sus brazos y los golpes del croata entraban limpiamente a su anatomía, por el que el referee ordenó detener las acciones. Con récord de 26 victorias, 19 de ellas por nocaut, y una derrota, el guantanamero de 34 años, apodado The Flash, tendrá que apelar a su mejor versión, para derrotar a una mole que enseñó un poder de asimilación pocas veces visto. Sánchez, quien se ha labrado un camino dentro de la élite de la división máxima, había ganado el derecho de disputar el cinturón de la FIB ante Usyk, tras su último triunfo, el pasado mes de mayo sobre el estadounidense Richard Torrez, en Giza, Egipto. Pero el ucraniano, que peleó en el mismo cartel, renunció a las coronas de la FIB, de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), luego de que se viera en aprietos para imponerse a Rico Verhoeven, de Países Bajos, en el que podría haber sido su último combate. Ante su retiro, la FIB determinó primero que para cubrir la vacante y ordenó pelear a Itauma y Hrgovic. Sánchez aceptó un acuerdo económico por una cifra no revelada para ceder temporalmente su oportunidad de pelear por el título y además de la compensación monetaria por dar un paso al lado, el cubano recibió una garantía de que su próximo rival será el que resulte entre Itauma y Hrgovic. Hrgovic tiene la misma edad que el cubano y ostenta récord de 21-1, con 16 KOs. Cuando se determine la fecha del combate, Sánchez se convertirá en el quinto cubano que compita por un cinturón en la división supercompleta del boxeo profesional. Cuba, que exhibe una larga lista de monarcas en el pugilismo rentado, nunca ha tenido uno en la división superpesada. Los cuatro que lo han intentado sin éxito son Jorge Luis González, Juan Carlos Gómez, Odlanier Solís y Luis "King Kong" Ortíz. González fue el primero en hacerlo, pero cayó ante Riddick Bowe el 17 de junio de 1995. Gómez, en el 2009, y Solís, en el 2011, perdieron ante el ucraniano Vitali Klitchsko por el cinturón del CMB. Y “King Kong” Ortiz tuvo no una, sino dos oportunidades y en ambas fue derrotado por Deontay Wilder, también por el título del CMB en 2018 y 2019.

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A continuación, un aviso de servicio público internacional del Gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información sobre el nuevo líder de una de las organizaciones narcoterroristas más violentas y peligrosas del hemisferio occidental. Juan Carlos Valencia González, alias "Pelón", asumió el liderazgo del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte, en febrero de 2026, de su padrastro y fundador del grupo, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". Nacido en Santa Ana, California, en 1984, este narcoterrorista es ciudadano tanto de Estados Unidos como de México y utiliza también los alias "El R-3", "El JP", "Tricky Tres" y "O3". Mide 5 pies y 9 pulgadas (aprox. 1,75 m) y pesa unas 170 libras (aprox. 77 kg). Tiene cabello castaño y ojos marrones. El CJNG fue designado recientemente como organización terrorista extranjera por la administración del presidente Donald Trump. El cártel envenena a las comunidades estadounidenses con fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina ilícitos. "Son responsables del asesinato de cientos de miles de personas, incluidos ciudadanos estadounidenses", declaró Michael C. Gonzales, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley. La recompensa por "Pelón" es de 25 millones de dólares. El 8 de octubre de 2020, Valencia González fue acusado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia de conspiración para distribuir una sustancia controlada con el fin de importarla ilegalmente a Estados Unidos y del uso de un arma de fuego durante una transacción de narcóticos. El aumento de la recompensa fue anunciado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés). Si tiene información, comuníquese con la DEA por teléfono al 1-213-237-9990 (mensaje de texto/WhatsApp/Signal/Threema) o por correo electrónico a CJNGtips@dea.gov. Si se encuentra fuera de Estados Unidos, comuníquese con la embajada o el consulado de Estados Unidos más cercano. Si se encuentra en Estados Unidos, comuníquese con la oficina local de la DEA en su ciudad. Todas las identidades se mantienen en estricta confidencialidad.

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Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con José Daniel Ferrer abordan las pésimas condiciones y la manipulación del gobierno cubano con el inicio del curso escolar. También se nos une el periodista Alejandro Tur Valladares con más de la grave crisis económica de la isla y los robos en aumento.

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María Corina Machado lanzó una dura advertencia tras el anuncio de acuerdos petroleros entre Estados Unidos y Venezuela. La dirigente opositora afirmó que “los enemigos de Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores” y cuestionó la falta de información sobre el alcance de los convenios.

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María Corina Machado fijó posición este jueves sobre los acuerdos petroleros anunciados entre Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez y lanzó una de sus advertencias más directas sobre la relación que Washington comienza a construir con Caracas en materia energética. “Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores”, afirmó la dirigente opositora, quien sostuvo que precisamente por esa razón cualquier asociación entre ambos países debe desarrollarse bajo condiciones que garanticen transparencia, legalidad y estabilidad. “Pero precisamente por eso, porque esta asociación entre Venezuela y Estados Unidos reviste un carácter estratégico para ambos países, es que todos necesitamos que las cosas se hagan bien”, señaló Machado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones, pero espera que puedan realizarse “pronto”. Una vez más, el mandatario aseguró que Washington mantiene una buena relación con la presidenta interina Delcy Rodríguez y el actual gobierno venezolano. Machado advierte: “los enemigos de Estados Unidos están hoy en Miraflores” La Premio Nobel de la Paz dejó claro que su cuestionamiento no está dirigido contra una alianza energética entre Venezuela y Estados Unidos. Por el contrario, considera a Washington como el principal socio que necesita el país para desarrollar su potencial estratégico. “El patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano. Por supuesto que los Estados Unidos son el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar a plenitud su valor estratégico”, afirmó. A su juicio, cualquier recuperación energética debe estar acompañada por el funcionamiento de las cadenas de valor, suficiente generación eléctrica, capacidad operativa en los puertos, seguridad personal y garantías jurídicas para las inversiones. La dirigente opositora también cuestionó la información disponible hasta ahora sobre los acuerdos y planteó una serie de interrogantes sobre sus condiciones y los beneficios que representarían para el país. “Aún no se conoce el verdadero alcance de este acuerdo: quién firma, qué es lo que realmente se firma, quién pone el dinero, quién da las garantías, cómo beneficia esto a los venezolanos”, expresó. Machado aseguró que las inversiones de largo plazo solo podrán consolidarse con instituciones sólidas y reglas claras. “Todo esto requiere trabajar de forma sostenida bajo los principios innegociables de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia. Y esto solo es posible con la legitimidad y la estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático”, afirmó. Washington defiende las inversiones petroleras El gobierno de Estados Unidos, por su parte, ha presentado el acuerdo energético como parte de una estrategia destinada a recuperar la economía venezolana, incrementar sustancialmente la producción petrolera y favorecer las condiciones para una posterior transición democrática. La Casa Blanca ha señalado que el proyecto contempla el desarrollo de 17 campos petroleros con aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas y prevé inversiones privadas que podrían alcanzar los 100.000 millones de dólares. Washington también ha asegurado que existirán mecanismos de control y auditoría sobre el manejo de los recursos vinculados al proyecto. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien encabezó esta semana una visita a Venezuela y participó en actividades relacionadas con los nuevos convenios energéticos, ha defendido la incorporación de capital estadounidense e internacional como una vía para aumentar la producción, generar empleos y producir beneficios económicos tanto para venezolanos como para estadounidenses.

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El gobierno cubano aprobó un nuevo marco legal que permite a los cubanos que viven fuera de la isla ser propietarios de empresas privadas en Cuba. Aunque el decreto-ley 133 de 2026, supone el cambio más radical del tejido empresarial privado de la isla desde que se autorizaron las pequeñas y medianas empresas en 2021, los expertos consultados por Martí Noticias coinciden en que, si bien la legislación elimina algunos escollos operativos se enfrentará a severos obstáculos prácticos. “Algo importante de todas estas transformaciones que está habiendo en este momento es que ellas estructuran claramente la naturaleza del bloqueo castrista a la productividad, al provecho, al trabajo mancomunado de la nación por generar riqueza, bienestar y prosperidad”, indicó el historiador Boris González Arenas, desde La Habana. “O sea, cuando tú ves estas legislaciones que ahora están quitando algunas trabas, dices, ¿pero no podían los cubanos tener empresas de 100 trabajadores? ¿Pero no podían los cubanos exportar sus beneficios? ¿Pero no podían los cubanos importar las materias primas y los enseres necesarios para producir y darle riqueza al país? pero ¿cómo los cubanos del exilio, que son millones, que son prósperos, que tienen un anhelo, un afán de colaborar con su país y con sus familias dentro de Cuba para que prosperen y salgan adelante, no tenían ningún derecho a participar de la producción de la nación?, ironizó. González Arenas concluyó que el verdadero propósito de la apertura no es empoderar a la ciudadanía, sino atraer capital extranjero afín al aparato gubernamental. Al no ir acompañadas de un marco institucional independiente, las medidas marginan los derechos económicos fundamentales de los cubanos y mantienen un férreo control administrativo sobre la producción. El economista artemiseño Germán González analizó que no hay salvaguardas políticas ni contrapesos legales que impidan al Estado revertir las aperturas o confiar en la permanencia de la propiedad privada cuando lo estimen conveniente. “Hicieron una apertura en los años 90 y apenas apareció la petrochequera de [Hugo] Chávez, le dieron para atrás a todo. Empezaron una tímida apertura cuando el deshielo de Obama y Obama todavía estaba despegando de Cuba en su Air Force One, cuando ellos estaban dando para atrás a todas las disposiciones”, recalcó. “Ahora no les queda más remedio, pero falta que alguien se atreva a invertir. No hay ninguna posibilidad de que las inversiones sean masivas, ni siquiera las imprescindibles para mantener el país funcionando”. “¿Quién invierte en Cuba? ¿Quién arriesga su dinero en un país que no tiene electricidad, que tiene leyes coercitivas que impiden el libre comercio con Estados Unidos, que tiene una fuerza de trabajo cada vez más escasa y menos preparada porque los que se van son los más aptos?, cuestionó. Por su parte, el abogado cubano asentado en México, Raudiel Peña, del centro de asesoramiento Cubalex, explicó que las nuevas medidas para invertir en Cuba no funcionarán. “Lo primero es que no hay plenas garantías jurídicas para invertir en Cuba, tanto para cubanos residentes en el exterior como para ciudadanos de otros países. La legislación cubana sigue sin ajustarse a las mejores prácticas del derecho internacional en materia de inversiones, sigue faltando la necesaria independencia judicial que garantice y proteja los derechos de los inversionistas, sean cubanos o tengan otra ciudadanía”. “Al mismo tiempo está la cuestión de las garantías materiales, es decir, las condiciones económicas que existen en Cuba en la actualidad, son desastrosas, falta de servicios públicos, apagones, escasez de agua potable, etcétera”. El mandatario Miguel Díaz-Canel impulsó estas directrices dentro de un plan de reformas que, según ha reiterado, resulta indispensable para preservar el modelo socialista de Cuba, rechazando de forma categórica que dichos cambios se califiquen como capitalistas. La flamante normativa permite también a las empresas privadas expandirse a nivel nacional, contratar a más de 100 empleados y comerciar exteriormente con autorización ministerial. Sin embargo, la opción de invertir en Cuba genera un fuerte recelo entre los cubanoamericanos debido a las crisis internas del país, marcadas por apagones constantes, devaluación de la moneda, infraestructuras deficientes, falta de protección jurídica, altos impuestos y un estricto control estatal. A esto podrían sumársele la inclusión de LA Habana en la lista de patrocinadores del terrorismo y el embargo estadounidense. Por otro lado, el régimen cubano mantiene un estricto control político y excluye en la práctica a los cubanos residentes en el exterior que antagonizan abiertamente con el sistema comunista. El investigador y máster en Democracia y Buen Gobierno, José Manuel González Rubines, residente en España, advirtió que cualquier medida de inversión en Cuba choca frontalmente con la falta de garantías de su propio sistema político. El experto detalla tres impedimentos insalvables: el irrespeto histórico a la propiedad privada, la inexistencia de un sistema judicial independiente capaz de resolver disputas empresariales, y el alto riesgo de inestabilidad jurídica, recordando que el régimen ya ha revertido en el pasado políticas similares, lo que expone a los inversores al peligro de perder la totalidad de su capital. “No existe ningún tipo de estabilidad porque la estrategia política y la estrategia económica y la política económica están trazadas por un grupo de poder que lo hace a su antojo, que no es auditado por nadie. Tampoco existe un contrapeso parlamentario, ni grupos políticos capaces de representar a un empresario. Entonces es un entorno absolutamente dudoso, opaco, corrupto y que además no ofrece ningún tipo de garantías”, subrayó.

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Activistas y expertos aseguran en Miami que el fin del régimen es la única vía para terminar con emergencia humanitaria en Cuba

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La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo control total del sandinismo, aprobó el martes una reforma constitucional que excluye a líderes opositores en el exilio de participar en las elecciones y extiende el mandato presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo a siete años. "Aprobadas de forma unánime", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, tras la votación general del articulado en una sesión especial celebrada frente a la catedral de León, ubicada a unos 90 km al noroeste de Managua. El texto aprobado el martes aún deberá ser ratificado en enero de 2027 dado que la ley exige hacerlo en dos períodos legislativos distintos. En un comunicado, el Departamento de Estado de EE.UU. denominó la reforma constitucional como una “farsa legislativa de la dictadura de Murillo-Ortega” y señaló que “la guerra de Murillo y Ortega contra la democracia amenaza la estabilidad y la prosperidad de nuestro hemisferio”. “La Asamblea Nacional, controlada por Rosario Murillo y Daniel Ortega, socavó lo que quedaba de la democracia nicaragüense, reescribiendo nuevamente la constitución del país para afianzar su dinastía ilegítima y privar indefinidamente a los nicaragüenses de elecciones libres y justas”, señaló el comunicado. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio indicó en una publicación en X que “Estados Unidos implementará medidas en la próxima reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA para asegurar que nuestro hemisferio deje de hacer negocios como de costumbre con esta dictadura”. Para el analista político Eliseo Núñez la reforma constitucional impulsada por el régimen sandinista responde a una lógica de preservación del poder: “Mi lectura es que Ortega busca consolidar un esquema político diseñado para sobrevivir al actual ciclo internacional y, particularmente, al período de la administración Trump”. Con respecto a la ampliación del período presidencial a siete años y redefinir los períodos institucionales, Núñez señaló a Martí Noticias que “hay un cálculo político evidente ya que el régimen busca trabajar sobre hechos consumados”. “Si la comunidad internacional o los actores internos exigen condiciones electorales, la discusión ya no sería sobre una elección inmediata, sino sobre un proceso proyectado hacia 2028. Y si eventualmente se viera obligado a negociar, tendría incentivos para prolongar cualquier negociación el mayor tiempo posible, con la expectativa de que coincida con un cambio en el contexto político internacional y, eventualmente, con el fin de la actual administración estadounidense”, explicó Núñez. El analista político consideró acertada la caracterización de “farsa legislativa” utilizada por el Departamento de Estado porque “en el fondo”, indicó, “el problema no es estrictamente jurídico”. Explicó que “lo que está ocurriendo en Nicaragua no es simplemente una discusión constitucional. La Constitución ha sido subordinada a un proyecto de permanencia en el poder. La ley dejó de ser un límite al ejercicio del poder político y se ha convertido en un instrumento para justificar decisiones previamente tomadas por quienes gobiernan”. Ortega no cuenta con una mayoría social demostrable Quien también fuera diputado nicaragüense entre los años 2012 y 2016, cuando fue expulsado de la Asamblea Nacional por el régimen sandinista, aseguró que “el régimen evita cualquier forma de competencia electoral real porque Ortega sabe que no cuenta con una mayoría social demostrable en elecciones libres”. De acuerdo con Núñez, “incluso los procesos electorales controlados generan algo que el régimen considera peligroso: debate público, movilización ciudadana y circulación de ideas alternativas. Esos espacios pueden producir fisuras, no solo en la oposición, sino también dentro de la propia coalición gobernante”. El exlegislador y analista nicaragüense ahora en el exilio añadió que “Ortega tampoco ha mostrado convicción por el modelo de democracia liberal occidental” y “varias de las reformas impulsadas desde 2024 reflejan esa aspiración de sustituir la competencia política por mecanismos permanentes de control institucional, social y económico”. Para Núñez, la reforma constitucional en curso, más que una muestra de fuerza es un síntoma de debilidad porque “cuando un gobierno concentra todo el poder y, aun así, teme la competencia electoral, lo que demuestra no es confianza en su legitimidad, sino conciencia de sus propias debilidades”. ¿Qué alternativas quedan para revertir esta situación? Según el análisis de Núñez, “mientras la coalición de poder que sostiene al régimen continúe percibiendo beneficios, la estabilidad del sistema seguirá siendo relativamente alta. Por tanto, cualquier estrategia efectiva debe aumentar los costos de sostener al régimen y reducir los beneficios políticos, económicos y personales que obtienen quienes lo respaldan”. “En Nicaragua, a diferencia de Cuba, el régimen descansa sobre un ecosistema mucho más amplio de beneficiarios, intermediarios, operadores económicos y grupos de interés que viven de su cercanía al poder. No se trata únicamente del Estado; se trata de una red completa de incentivos construida alrededor del régimen”, anotó. Núñez subrayó que “un aumento significativo de la presión económica y financiera podría tener efectos políticos distintos a los observados en Cuba. Mientras en la isla muchas veces las sanciones operan como un nuevo apretón de tuercas sobre una estructura acostumbrada al aislamiento, en Nicaragua podrían equivaler a quitarle súbitamente el aire a una red de intereses cuya viabilidad depende del acceso continuo a recursos, mercados y flujos financieros”. En este sentido, Núñez señaló que las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, “parecen ir más allá de la OEA ya que el mensaje es que Nicaragua no debe seguir siendo tratada como un país democrático normal cuando opera como una dictadura cerrada. Eso podría traducirse en mayores restricciones políticas, comerciales y financieras, así como en esfuerzos para reducir los espacios de normalización regional del régimen. En ese sentido, mecanismos de integración como el SICA, el Protocolo de Tegucigalpa y otros instrumentos regionales podrían convertirse en escenarios de presión más efectivos de lo que han sido hasta ahora”.

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Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con José Daniel Ferrer abordan las pésimas condiciones y la manipulación del gobierno cubano con el inicio del curso escolar. También se nos une el periodista Alejandro Tur Valladares con más de la grave crisis económica de la isla y los robos en aumento.

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María Corina Machado lanzó una dura advertencia tras el anuncio de acuerdos petroleros entre Estados Unidos y Venezuela. La dirigente opositora afirmó que “los enemigos de Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores” y cuestionó la falta de información sobre el alcance de los convenios.

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A un mes de las elecciones presidenciales en Brasil se reduce la ventaja entre Lula y Bolsonaro, en un panorama político marcado por la polarización y recientes escándalos...La calidad del béisbol en manos del régimen cubano no puede ocultar su imparable declive, mientras suben otros mercados.

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A continuación, un editorial que refleja la postura del Gobierno de los Estados Unidos: Al menos 47 personas murieron y más de 50 fueron secuestradas durante un brutal ataque de bandas en Kenscoff, Haití, el 23 de agosto. Estados Unidos condena en los términos más enérgicos la salvaje ofensiva de estas bandas terroristas. "Este ataque, que se produce tras meses de continua violencia letal, es otro recordatorio de la grave situación de la crisis de seguridad en Haití", declaró la embajadora Jennifer Locetta, representante alterna de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales ante las Naciones Unidas. Durante meses, las bandas terroristas han asesinado a civiles, aterrorizado a comunidades, incendiado hogares y destruido familias. Estas bandas han admitido públicamente que su objetivo es impedir que los votantes haitianos ejerzan su derecho al voto en futuras elecciones. "Los terroristas no pueden tomar la democracia como rehén para sus propios fines egoístas y violentos", declaró la embajadora Locetta. "No pueden sembrar el terror a punta de fusil y desde la comodidad de los puestos de peaje, mientras privan a Haití de su futuro". "Debemos proteger a los civiles frente a estos actos atroces". Estados Unidos respalda a las autoridades haitianas que buscan hacer rendir cuentas a los responsables, poner fin a la impunidad de las bandas, restaurar la autoridad del Estado y permitir que el pueblo haitiano elija por sí mismo a sus líderes gubernamentales. Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar los esfuerzos de seguridad liderados por Haití para acabar con el terror impuesto por las bandas. "Este ataque es precisamente la razón por la que la misión y el mandato de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF, por sus siglas en inglés), autorizada por la ONU, son tan importantes", dijo la embajadora Locetta. "La GSF no se creó para emitir declaraciones desde el interior de un recinto amurallado ni para gastar nuestro dinero mientras Haití sufre. Con la ayuda de este Consejo [de Seguridad] y de tantos otros países donantes, se trata de un nuevo tipo de misión, una misión con el mandato de detener realmente a los delincuentes y poner fin al derramamiento de sangre". Deben limpiar las calles, neutralizar la amenaza y devolver Haití a su pueblo", instó la embajadora Locetta. "Los Estados miembros de la ONU pueden apoyar esta importante labor de estabilización regional facilitando el despliegue —lo antes posible— de las tropas y fuerzas policiales que los países aportan a la Fuerza de Apoyo a la Seguridad (GSF, por sus siglas en inglés), así como contribuyendo al Fondo Fiduciario de la ONU para dicha fuerza". La embajadora Locetta alentó a los Estados miembros a aportar el equipo, los recursos y la voluntad política tan necesarios para culminar la tarea. "No podemos lograr la estabilidad únicamente mediante fuerzas de seguridad», advirtió la embajadora Locetta. "Debemos romper este ciclo de violencia combinando vías de salida creíbles con oportunidades reales impulsadas por una gobernanza responsable". "Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que ayude a Haití a consolidar la paz a largo plazo", declaró la embajadora Locetta. "Mediante inversiones muy necesarias en capital, infraestructura y creación de empleo, podemos ofrecer oportunidades a la próxima generación de líderes haitianos y brindar alternativas a la senda mortal de la violencia de las pandillas". Estados Unidos respalda a Haití y seguirá colaborando con los haitianos y con sus socios internacionales para poner fin a esta crisis y restablecer la estabilidad del país.

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Tras permanecer detenida desde finales de agosto, Sady Reynaldo Companioni fue liberada el miércoles bajo la medida de obligación contraída en acta. La residente de Lawton explicó a Martí Noticias las condiciones impuestas por las autoridades y agradeció el respaldo recibido durante su arresto.

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Sady Reynaldo Companioni fue liberada el miércoles por la noche bajo la medida de obligación contraída en acta, después de permanecer detenida desde el 28 de agosto tras denunciar públicamente la falta de agua y las amenazas recibidas por reclamar el servicio en su comunidad de Lawton, en La Habana. “Ya estoy en casa, gracias a Dios. Me soltaron ayer a las 10:00 de la noche bajo obligación contra acta”, dijo la joven madre de una menor en declaraciones a Martí Noticias. La residente del municipio Diez de Octubre explicó que la medida la obliga a presentarse periódicamente en una unidad de la Policía. Sin embargo, al momento de conversar con esta redacción todavía desconocía el número de su expediente y la frecuencia con la que deberá acudir a firmar. “Hoy voy a ir a ver que me den el número de expediente, que todavía no lo tengo, y a ver cuáles son los días que tengo que ir”, señaló. Companioni agradeció el respaldo recibido durante su detención y aseguró que la presión pública y mediática contribuyó a que las autoridades la liberaran. “Sin la presión que hicieron, realmente no hubiera sido posible, porque ahí hay un montón de personas detenidas por desacato y no tienen, desgraciadamente, la misma suerte”, afirmó. También expresó preocupación por su madre, quien permaneció sola en la vivienda familiar durante los días en que estuvo arrestada. “Muchas gracias por no haber abandonado mi casa, a mi mamá. Estaba sola aquí, estaba desprotegida, estaba asustada, preocupada”, declaró. Las autoridades detuvieron a Companioni el 28 de agosto, después de varias denuncias relacionadas con las dificultades para recibir agua en su vivienda y en otras zonas de Lawton. La detención ocurrió después de que denunciara que una funcionaria local, a quien identificó como una delegada vinculada con el Ministerio del Interior, la había grabado en diferentes ocasiones y advertido sobre posibles consecuencias legales por difamación. Un día antes de su arresto, expresó temor por su seguridad tras un nuevo incidente ocurrido durante la distribución de agua mediante un camión cisterna en su comunidad. Aunque ya se encuentra en su vivienda, Companioni permanece sujeta a controles policiales mientras espera conocer los detalles del expediente abierto en su contra. “Gracias a la presión mediática que hicieron todos, yo estoy bien, y gracias a eso estoy aquí en casa”, concluyó.

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Familiares de presos políticos y representantes de organizaciones de la sociedad civil exigieron este jueves en Caracas la liberación inmediata y plena de todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela y pidieron avanzar hacia una “ruta electoral auténtica”.

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Familiares de presos políticos y representantes de organizaciones de la sociedad civil exigieron este jueves en Caracas la liberación inmediata y plena de todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela y pidieron avanzar hacia una “ruta electoral auténtica”. El reclamo se produce cuando 328 presos políticos permanecen en Venezuela, según el balance de Foro Penal actualizado al 31 de agosto. De ese total, 317 son hombres y 11 mujeres, mientras que 183 son civiles y 145 militares. La organización también señala que 140 han sido condenados y 188 permanecen sin condena. La exigencia fue formulada durante una rueda de prensa realizada en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal universidad pública del país, convocada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), Creemos Alianza Ciudadana (CAC) y otras organizaciones de la sociedad civil. “Justicia, justicia y libertad”, gritaron los familiares durante el encuentro, en el que reclamaron el cese de los traslados que califican como arbitrarios y reiteraron su petición de libertad para todos los detenidos por razones políticas. Familiares de presos políticos exigen libertad y una “ruta electoral auténtica” en Venezuela Traslados desde El Rodeo I La rueda de prensa tuvo lugar un día después de que familiares denunciaran traslados desde el Centro Penitenciario El Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, en el centro-norte de Venezuela, sin notificación previa sobre el destino de los detenidos. CLIPPVE denunció que durante la noche del 2 de septiembre fueron trasladadas 32 personas desde el centro penitenciario. La organización confirmó que nueve presos políticos fueron trasladados hacia el Fuerte Guaicaipuro, también ubicado en Miranda. Los familiares denunciaron que no recibieron información previa sobre los movimientos y reclamaron a las autoridades penitenciarias una lista oficial de las personas trasladadas, sus nuevos lugares de reclusión y una fe de vida de los detenidos. Incluso la falta de información llevó a algunos familiares a intentar comunicarse con los presos desde una montaña cercana a El Rodeo I. La ONG CLIPPVE también informó este jueves sobre la presencia de nuevos autobuses en el centro penitenciario, lo que generó preocupación entre los familiares sobre la posibilidad de nuevos movimientos. “Libertad inmediata y plena” Ante esta situación, CLIPPVE, Creemos Alianza Ciudadana y otras organizaciones convocaron la rueda de prensa en la UCV para presentar públicamente dos exigencias: la “libertad inmediata y plena de todos los presos políticos” y una “ruta electoral auténtica”. El planteamiento también ha sido llevado al proceso de negociación política que se desarrolla en Venezuela. Los familiares enviaron una carta abierta a los representantes de las delegaciones y solicitaron un espacio para exponer directamente la situación de los detenidos y las necesidades de quienes presentan condiciones de salud que requieren atención médica. Dinorah Figuera expresa disposición a reunirse Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora que participa en las negociaciones, confirmó este jueves a través de la red social X que recibió la comunicación de los familiares. Figuera manifestó preocupación por los traslados denunciados desde El Rodeo I sin conocimiento previo de familiares y abogados y expresó su disposición a reunirse con ellos. La dirigente opositora también ratificó su compromiso de continuar buscando vías urgentes para conseguir la libertad de todos los presos políticos. Llamado desde Estados Unidos El senador republicano por Florida Rick Scott también se pronunció en su cuenta de la red social X sobre las personas que continúan detenidas por motivos políticos en Venezuela. Scott mencionó específicamente los casos de Nelson Rivero, Jorge Henrique Alayeto Bigott y Oscar Caamaño y reiteró su llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos. El balance más reciente de Foro Penal sitúa esa cifra en 328 presos políticos al 31 de agosto. Además de los 188 que permanecen sin condena, la organización registra 33 detenidos con nacionalidad extranjera. Desde la UCV, los familiares insistieron este jueves en que su petición es la libertad de todos los presos políticos y que ese proceso avance acompañado de garantías políticas y de una ruta electoral auténtica para Venezuela.