El gobierno cubano aprobó un nuevo marco legal que permite a los cubanos que viven fuera de la isla ser propietarios de empresas privadas en Cuba. Aunque el decreto-ley 133 de 2026, supone el cambio más radical del tejido empresarial privado de la isla desde que se autorizaron las pequeñas y medianas empresas en 2021, los expertos consultados por Martí Noticias coinciden en que, si bien la legislación elimina algunos escollos operativos se enfrentará a severos obstáculos prácticos. “Algo importante de todas estas transformaciones que está habiendo en este momento es que ellas estructuran claramente la naturaleza del bloqueo castrista a la productividad, al provecho, al trabajo mancomunado de la nación por generar riqueza, bienestar y prosperidad”, indicó el historiador Boris González Arenas, desde La Habana. “O sea, cuando tú ves estas legislaciones que ahora están quitando algunas trabas, dices, ¿pero no podían los cubanos tener empresas de 100 trabajadores? ¿Pero no podían los cubanos exportar sus beneficios? ¿Pero no podían los cubanos importar las materias primas y los enseres necesarios para producir y darle riqueza al país? pero ¿cómo los cubanos del exilio, que son millones, que son prósperos, que tienen un anhelo, un afán de colaborar con su país y con sus familias dentro de Cuba para que prosperen y salgan adelante, no tenían ningún derecho a participar de la producción de la nación?, ironizó. González Arenas concluyó que el verdadero propósito de la apertura no es empoderar a la ciudadanía, sino atraer capital extranjero afín al aparato gubernamental. Al no ir acompañadas de un marco institucional independiente, las medidas marginan los derechos económicos fundamentales de los cubanos y mantienen un férreo control administrativo sobre la producción. El economista artemiseño Germán González analizó que no hay salvaguardas políticas ni contrapesos legales que impidan al Estado revertir las aperturas o confiar en la permanencia de la propiedad privada cuando lo estimen conveniente. “Hicieron una apertura en los años 90 y apenas apareció la petrochequera de [Hugo] Chávez, le dieron para atrás a todo. Empezaron una tímida apertura cuando el deshielo de Obama y Obama todavía estaba despegando de Cuba en su Air Force One, cuando ellos estaban dando para atrás a todas las disposiciones”, recalcó. “Ahora no les queda más remedio, pero falta que alguien se atreva a invertir. No hay ninguna posibilidad de que las inversiones sean masivas, ni siquiera las imprescindibles para mantener el país funcionando”. “¿Quién invierte en Cuba? ¿Quién arriesga su dinero en un país que no tiene electricidad, que tiene leyes coercitivas que impiden el libre comercio con Estados Unidos, que tiene una fuerza de trabajo cada vez más escasa y menos preparada porque los que se van son los más aptos?, cuestionó. Por su parte, el abogado cubano asentado en México, Raudiel Peña, del centro de asesoramiento Cubalex, explicó que las nuevas medidas para invertir en Cuba no funcionarán. “Lo primero es que no hay plenas garantías jurídicas para invertir en Cuba, tanto para cubanos residentes en el exterior como para ciudadanos de otros países. La legislación cubana sigue sin ajustarse a las mejores prácticas del derecho internacional en materia de inversiones, sigue faltando la necesaria independencia judicial que garantice y proteja los derechos de los inversionistas, sean cubanos o tengan otra ciudadanía”. “Al mismo tiempo está la cuestión de las garantías materiales, es decir, las condiciones económicas que existen en Cuba en la actualidad, son desastrosas, falta de servicios públicos, apagones, escasez de agua potable, etcétera”. El mandatario Miguel Díaz-Canel impulsó estas directrices dentro de un plan de reformas que, según ha reiterado, resulta indispensable para preservar el modelo socialista de Cuba, rechazando de forma categórica que dichos cambios se califiquen como capitalistas. La flamante normativa permite también a las empresas privadas expandirse a nivel nacional, contratar a más de 100 empleados y comerciar exteriormente con autorización ministerial. Sin embargo, la opción de invertir en Cuba genera un fuerte recelo entre los cubanoamericanos debido a las crisis internas del país, marcadas por apagones constantes, devaluación de la moneda, infraestructuras deficientes, falta de protección jurídica, altos impuestos y un estricto control estatal. A esto podrían sumársele la inclusión de LA Habana en la lista de patrocinadores del terrorismo y el embargo estadounidense. Por otro lado, el régimen cubano mantiene un estricto control político y excluye en la práctica a los cubanos residentes en el exterior que antagonizan abiertamente con el sistema comunista. El investigador y máster en Democracia y Buen Gobierno, José Manuel González Rubines, residente en España, advirtió que cualquier medida de inversión en Cuba choca frontalmente con la falta de garantías de su propio sistema político. El experto detalla tres impedimentos insalvables: el irrespeto histórico a la propiedad privada, la inexistencia de un sistema judicial independiente capaz de resolver disputas empresariales, y el alto riesgo de inestabilidad jurídica, recordando que el régimen ya ha revertido en el pasado políticas similares, lo que expone a los inversores al peligro de perder la totalidad de su capital. “No existe ningún tipo de estabilidad porque la estrategia política y la estrategia económica y la política económica están trazadas por un grupo de poder que lo hace a su antojo, que no es auditado por nadie. Tampoco existe un contrapeso parlamentario, ni grupos políticos capaces de representar a un empresario. Entonces es un entorno absolutamente dudoso, opaco, corrupto y que además no ofrece ningún tipo de garantías”, subrayó.
