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El Centro de Denuncias Defensa CD revela que, en 31 días, se contabilizaron 863 atropellos contra las libertades individuales en la isla, que afectaron a cerca de 400 ciudadanos.
La inflación volvió a acelerarse en Cuba durante julio y golpeó con más fuerza el costo de alimentos y transporte, dos de los principales gastos de los hogares, mientras el régimen intenta aplicar un nuevo paquete de reformas económicas.
Tras ser liberada de una detención por intentar ejercer su derecho a la protesta, la académica y activista cubana Alina Bárbara López Hernández afirmó que a pesar del rechazo del régimen las movilizaciones continuarán.
La organización señaló que las estadísticas oficiales no permiten determinar si hubo una reducción real de feminicidios respecto a años anteriores, ya que los datos se organizan según el cierre de los procesos judiciales y no por la fecha en que ocurrieron los crímenes.
La OEA aprobó convocar una reunión de cancilleres para abordar la crisis en Nicaragua, mientras organizaciones opositoras al régimen de Daniel Ortega presentaron un plan de “transición ordenada” hacia la democracia.
Los Filis de Filadelfia firmaron al lanzador cubano Néstor Cortés con un contrato de Grandes Ligas hasta el final de la temporada 2026.
Estados Unidos redefinió sus prioridades en la lucha global contra el terrorismo al señalar como principales amenazas a los narcocárteles y bandas transnacionales, los grupos islamistas y los extremistas violentos de izquierda.
Iberia mantendrá suspendidos sus vuelos directos a Cuba al menos hasta julio de 2027 debido a la crisis energética que afecta a la isla, una situación que, según la aerolínea española, impacta gravemente tanto la demanda de pasajeros como sus operaciones.
Prisoners Defenders y Consorcio Justicia presentaron este miércoles Cuban Medical Brigades, una plataforma que reúne 209 informes sobre las misiones médicas cubanas en países y territorios de todo el mundo y documenta presuntas prácticas de explotación laboral, vigilancia, confiscación salarial y separación familiar. “Es el mayor expediente mundial sobre las misiones médicas cubanas, abierto país por país y que contiene un mapa interactivo para permitir tener acceso al informe de cualquier país o territorio”, declaró a Martí Noticias Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. La plataforma CubanMedicalBrigades.org recopila contratos, convenios, leyes, normas internas, estadísticas, documentos oficiales y 1.402 testimonios de profesionales cubanos que participaron o participan en esos programas. Según el informe, 1.185 de esos testimonios fueron obtenidos de manera protegida y utilizados para calcular los indicadores estadísticos, mientras otros 217 proceden de fuentes públicas. Las experiencias documentadas corresponden a 60 países. La investigación identifica 53 misiones activas hasta junio de 2026, con unos 25.724 profesionales cubanos. Venezuela encabeza la lista, con aproximadamente 13.000 trabajadores; seguida por México, con 3.849; Angola, con 3.000; y Argelia, con 955. El documento advierte que estas cifras son estimaciones construidas con datos nacionales disponibles y no constituyen un censo oficial único. También registra a 9.646 profesionales catalogados como “desertores” tras abandonar las misiones o negarse a regresar a Cuba. “Durante más de seis décadas, el régimen cubano ha utilizado la medicina como un mecanismo de propaganda y, sobre todo, como su mayor fuente de ingresos ilegales por esclavitud”, afirmó Larrondo. “No puede llamarse solidaridad a un sistema que confisca salarios, vigila, amenaza, controla las relaciones personales y amorosas y castiga a quien osa dejar el trabajo en una brigada médica con la denominación de desertor y traidor a la patria”, agregó. Entre los 1.185 testimonios protegidos analizados, el 89,79% afirmó haber sido forzado a participar en la misión o haber aceptado debido a circunstancias coercitivas. En una pregunta específica sobre la voluntariedad, el 77,72% respondió que su participación no había sido voluntaria. El 32,41% declaró que no recibió contrato alguno y otro 36,20% dijo haber firmado uno, pero sin obtener una copia. Asimismo, el 69,62% aseguró que desconocía su destino definitivo o que este fue modificado al llegar, mientras el 75,36% tuvo que asistir a cursos de preparación político-ideológica. La investigación también recoge denuncias de un amplio sistema de control sobre la vida de los profesionales. El 77,64% reportó vigilancia por parte de funcionarios cubanos o sus colaboradores; el 81,18% dijo haber sufrido restricciones de movimiento y el 70,04% manifestó temor a que sus comunicaciones fueran intervenidas. El 78,82% tenía que informar o pedir autorización para mantener relaciones de amistad o sentimentales con ciudadanos del país receptor, mientras el 75,27% no podía pasar la noche fuera del alojamiento asignado sin permiso. Otros datos muestran que el 85,32% debía asistir a reuniones políticas, el 67,76% fue alentado o instruido para vigilar a sus compañeros y el 64,64% dijo haber tenido que participar en actos de repudio contra quienes abandonaban las misiones. El informe cita la Resolución 368 de 2020 del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, que obliga a los cooperantes a informar a sus superiores sobre relaciones de pareja con cubanos o extranjeros y exige autorización previa para determinadas actividades públicas o privadas. Los testimonios analizados reflejan un promedio de 5,75 días de trabajo por semana y jornadas de 9,91 horas diarias, equivalentes a unas 57 horas ordinarias semanales. Al sumar guardias y servicios extraordinarios, la carga laboral promedio ascendía a 71,89 horas semanales. El 60,84% dijo haber sido obligado a aumentar falsamente las estadísticas de atención médica, una práctica denunciada en 42 de los 60 países representados en la investigación. El 65,32% afirmó que debía realizar tareas de carácter político entre la población del país receptor. Además, el 63,97% declaró que tenía que aportar una cuota mensual al Partido Comunista, la Unión de Jóvenes Comunistas u otras organizaciones oficialistas. El ingreso líquido medio recibido en el país de destino fue de 462,29 dólares mensuales. Las denuncias incluyen también amenazas y otras formas de abuso: el 75,78% afirmó haber sufrido o presenciado amenazas; el 21,86%, violencia física atribuida a funcionarios o cometida con su consentimiento; y el 43,12%, situaciones de acoso sexual bajo esas condiciones. Prisoners Defenders sostiene que los profesionales recibieron, como promedio, alrededor del 15% de la cantidad comprometida por los países o instituciones contratantes, mientras el Estado cubano y sus entidades intermediarias retuvieron o exigieron la devolución del 85%. El reporte aclara que la distribución varía según el país, el año y las condiciones de cada convenio. En México, por ejemplo, recoge casos en los que el profesional recibió 200 dólares mensuales de los 3.750 pagados al Estado cubano. En Bahamas, la proporción destinada al trabajador osciló entre el 8% y el 16% en abril de 2025, mientras en Catar rondó el 10% en 2019, de acuerdo con los datos recopilados. El convenio con la región italiana de Calabria estableció un pago mensual de 4.700 euros por cada profesional: 3.500 para la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos y 1.200 entregados directamente al trabajador. Esto representaba una distribución del 74,5% y el 25,5%, respectivamente. La organización estimó que las misiones médicas generaron para Cuba cerca de 5.976 millones de dólares en 2021, según una reconstrucción basada en estadísticas oficiales cubanas y datos de comercio de servicios profesionales de la Organización Mundial del Comercio. Uno de los principales hallazgos se refiere al castigo impuesto a quienes abandonan una misión. El 91,14% de los entrevistados afirmó haber sido advertido de que no podría regresar a Cuba durante ocho años si dejaba el programa. La cadena de castigo a los médicos que desertan de las misiones. El 48,19% tenía hijos menores en la isla durante la misión y el 40,51% aseguró haber estado o continuar separado forzosamente de ellos. Un total de 53 profesionales declararon que las autoridades les impidieron entrar al país para ver a sus hijos. “Cientos de médicos que han intentado entrar a Cuba para ver a su familia han sido expulsados por ser desertores. Miles de niños están huérfanos en Cuba”, denunció Larrondo. “Si la labor de los profesionales cubanos salva vidas, el sistema que los explota destruye las suyas y las de sus familias”, añadió. El informe explica que la denominada “ley de los ocho años” no es una norma única, sino la combinación de disposiciones penales y migratorias y de prácticas administrativas. El artículo 176 del Código Penal cubano establece penas de entre tres y ocho años de prisión para funcionarios públicos que abandonen una misión o se nieguen a regresar al país. Cuando se trata de empleados públicos, las sanciones pueden ser de dos a cinco años. Prisoners Defenders y Consorcio Justicia pidieron eliminar las sanciones penales, migratorias, laborales y familiares asociadas al abandono de una misión; publicar íntegramente los convenios y contratos; pagar directamente a los profesionales; y establecer mecanismos independientes de denuncia e inspección. “Exigimos la liberación de los médicos cubanos, respeto a la normativa laboral internacional y que cese el trabajo forzoso y la esclavitud a la que son sometidos los profesionales de la salud cubanos”, afirmó Larrondo. El presidente de Prisoners Defenders sostuvo que la nueva plataforma permitirá que gobiernos, parlamentos, periodistas y ciudadanos examinen directamente las evidencias recopiladas. “Desde hoy es más complejo que cualquier Estado, institución o empresa manifieste que no sabía lo que estaba contratando, financiando o legitimando”, concluyó. El gobierno cubano rechaza las acusaciones de trabajo forzoso y sostiene que la participación en las misiones es voluntaria. También afirma que los profesionales reciben una asignación en el país de destino, conservan su salario en Cuba y aceptan que una parte de los ingresos obtenidos contribuya al financiamiento del sistema sanitario de la isla.
El comandante del Comando Sur de EEUU, general Francis Donovan, reafirmó durante una visita oficial a Ecuador el compromiso conjunto entre ambos países para combatir a los cárteles y al narcoterrorismo.
Desde la exportación de modelos de espionaje y contrainteligencia hasta las actuales campañas de influencia digital y redes diplomáticas, Cuba ha tejido una estructura de poder que, según analistas y organismos internacionales, sigue impactando la estabilidad democrática y las dinámicas políticas de América Latina.
El expreso político cubano Javier Delgado Torna denunció una nueva provocación en Caibarién y responsabilizó a la Seguridad del Estado de intentar involucrarlo en un altercado para fabricar otra causa penal.
Los equipos permitirán retirar “cientos de miles de toneladas de escombros” de manera más rápida y segura, especialmente en áreas de difícil acceso, y contribuirán a restablecer la comunicación con comunidades que quedaron aisladas tras los sismos.
Su hija, Cecilia Borroto, confirmó el arresto e indicó que presuntamente la trasladaron a la unidad policial de la Playa, aunque la familia desconoce la ubicación exacta.
El opositor cubano Edier Frómeta Allen fue excarcelado este martes tras pasar más de siete años en prisión, un día antes de cumplir oficialmente su condena.
Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que el régimen de Venezuela continúa utilizando la prisión por razones políticas como un mecanismo de control y presión contra la disidencia, pese a las recientes excarcelaciones anunciadas por las autoridades interinas del país. Una de las personas excarceladas el pasado viernes fue Emerlendris Benítez, quien permaneció ocho años tras las rejas. Tras recuperar su libertad, Benítez explicó que recibió una “medida humanitaria”, aunque su situación judicial continúa condicionada. Denuncian que presos políticos siguen bajo control del régimen de Venezuela De acuerdo con Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, Benítez deberá presentarse ante tribunales cada tres meses, una condición que, según la organización, demuestra que la excarcelación no representa una libertad plena. Justicia, Encuentro y Perdón asegura haber verificado la excarcelación de 83 personas desde el pasado viernes, de las cuales 72 figuraban en sus registros de presos políticos, mientras otros 11 casos permanecen bajo revisión. Sin embargo, la organización advierte que las excarcelaciones no significan el fin de la prisión política en Venezuela. Tineo asegura que mantienen documentadas al menos 448 personas privadas de libertad por razones políticas. “Claramente celebramos la excarcelación de estas personas, por supuesto que sí, que estas personas en este momento puedan estar junto a sus familias, es una extraordinaria noticia. Pero nuestras intenciones y nuestro compromiso sigue estando con al menos esas 448 que se mantienen privadas de libertad por razones políticas en Venezuela”, afirmó. Las secuelas de ocho años de prisión La familia de Benítez sostiene que los efectos del encarcelamiento continúan incluso después de su salida de prisión. Su hermana, Melania Leal, relató que la expresa política todavía enfrenta las consecuencias emocionales de los ocho años que permaneció detenida. “Esta mañana se levantó con sobresalto en la cama, no es fácil, son ocho años de sufrimiento y dolor”, aseguró Leal, quien reclamó libertad plena para su hermana, para quienes han sido excarcelados bajo condiciones judiciales y para quienes permanecen encarcelados. Benítez también pidió la liberación de quienes continúan detenidos por razones políticas. “Solo lo único que le pido a Dios es que siga haciendo justicia y la libertad también para todos los presos políticos que quedan ahí”, expresó. Denuncian que el aparato represivo continúa activo Tineo denunció recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su 196 período de sesiones en Washington, la situación de los presos políticos en Venezuela. La activista sostiene que mantener a centenares de personas encarceladas por razones políticas demuestra que, pese a los acontecimientos de los últimos meses y las recientes excarcelaciones, el aparato de control y represión continúa funcionando. Según Tineo, la permanencia de presos políticos envía un mensaje contra la disidencia “real o así percibida” por las autoridades y advirtió que los detenidos también podrían ser utilizados como parte de una estrategia para conservar espacios de negociación. Estados Unidos califica las excarcelaciones como un “paso importante” Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la más reciente ronda de excarcelaciones en Venezuela como un “paso importante” hacia la reconciliación nacional. El pronunciamiento se produjo después de que las autoridades interinas venezolanas anunciaran el pasado viernes beneficios procesales para 131 detenidos. Washington ha señalado además que sigue de cerca el proceso de diálogo en Venezuela, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos continúan verificando de manera independiente el número de personas efectivamente excarceladas y las condiciones judiciales impuestas tras su salida de prisión.
Tras el apuñalamiento de Gabriel Méndez Quesada a las afueras del bar Las Palmas, los ciudadanos alzan la voz contra la inacción policial, la falta de insumos médicos para salvar vidas y la falta de opciones recreativas para los más jóvenes.
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, solicitó a Estados Unidos la suspensión temporal de los aranceles a productos colombianos, en medio de la crisis provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que dejó cientos de muertos y pérdidas millonarias en el país.
Un joven cubano de 19 años con VIH permanece en prisión provisional tras ser detenido durante una protesta por apagones y falta de agua en Guanabacoa. Su pareja denuncia violencia policial, irregularidades en el proceso judicial y la falta de acceso a medicamentos en prisión.
Estados Unidos anunció este martes sanciones a Tomoko Akane, una jueza japonesa que ocupa la presidencia de la Corte Penal Internacional (CPI). El Secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la Administración Trump está sancionando a la presidenta de la CPI y al fiscal principal Abdoulaye Seye, de Senegal, como parte de una "misión inquebrantable de proteger a los estadounidenses de esta farsa de tribunal". "Estas personas han participado directamente en los esfuerzos de la CPI por investigar, arrestar, detener o procesar a funcionarios cuyos gobiernos no han consentido la jurisdicción de la Corte", argumentó Rubio. "El mes pasado lancé una campaña diplomática para desmantelar la amenaza que representa la CPI para nuestra soberanía nacional", recordó el jefe de la diplomacia estadounidense. "En honor a nuestra Declaración de Independencia, los estadounidenses nunca serán trasladados al extranjero para ser juzgados por supuestos delitos", aclaró el cubanoamericano, también al frente de la Seguridad Nacional de EEUU. El tribunal de La Haya fue creado en 2002 por la comunidad internacional para juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. En virtud de la Orden Ejecutiva 14203, titulada "Imposición de sanciones a la Corte Penal Internacional", Washington impuso sanciones selectivas a varios funcionarios de la CPI, entre ellos fiscales y jueces, alegando las órdenes de detención dictadas por la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant, así como una investigación anterior sobre los soldados estadounidenses en Afganistán. La Administración Trump considera que la Corte Penal Internacional es un tribunal "supranacional corrupto y profundamente politizado, que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato". "No toleraremos su ataque a la soberanía estatal. La CPI ha intentado reiteradamente ejercer autoridad sobre ciudadanos de Estados Unidos y de otros países que no han consentido su jurisdicción ni han ratificado el Estatuto de Roma. Esto sienta un precedente peligroso para todas las naciones", añade Rubio. "Nuestra campaña gubernamental integral para desmantelar la amenaza que representa la CPI para la soberanía nacional será de gran alcance, y esperamos que más países se unan a ella retirando su financiación y su participación en este tribunal politizado y exento de rendición de cuentas. Debe cesar la capacidad de la CPI para tomar como objetivo a ciudadanos estadounidenses y a nacionales de otros países que no son Estados parte. La Administración Trump está preparada para adoptar medidas adicionales, de ser necesario, a fin de desmantelar sistemáticamente la CPI hasta que sea incapaz de amenazar la soberanía estadounidense", concluye el Departamento de Estado.
