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A continuación, un editorial que refleja los puntos de vista del Gobierno de los Estados Unidos: El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, revocó formalmente la designación de Siria como Estado Patrocinador del Terrorismo (SST), tras la conclusión del periodo obligatorio de notificación al Congreso de 45 días. En una acción tomada el 24 de agosto, el secretario Rubio también retiró la designación de Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). "Estas acciones", dijo el Secretario, "representan otro paso histórico del presidente Trump para dar al pueblo sirio un camino hacia la prosperidad." Todas estas acciones se tomaron en reconocimiento a las acciones positivas emprendidas y a los compromisos adicionales del gobierno sirio bajo el presidente Ahmed al-Sharaa para distanciar completamente a Siria de actos de terrorismo internacional. En el último año, el Gobierno de Siria ha tomado medidas significativas para combatir el terrorismo, incluyendo la incorporación formal a la Coalición Global para Derrotar al ISIS en noviembre y la realización de operaciones para desarticular las redes terroristas de ISIS, Al Qaeda, Hizbulá y grupos alineados con Irán. Revocar la designación de Siria como SST y de HTS como SDGT elimina las últimas grandes barreras para la inversión del sector privado en Siria y promueve la recuperación económica y la reintegración de Siria en la economía global. Un aviso publicado por los Departamentos de Comercio, Tesoro y Estado de EEUU afirma que "Estados Unidos está comprometido a apoyar una Siria estable, unificada y pacífica que ahora pueda contribuir a la seguridad e integración regional. La eliminación integral de sanciones estadounidenses ha impulsado los esfuerzos de Siria para reconstruir su economía, proporcionar prosperidad a todos sus ciudadanos, incluidos miembros de minorías étnicas y religiosas, y combatir el terrorismo". El aviso señala que, el 13 de mayo de 2025, el presidente Donald Trump anunció el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Siria para dar al país una oportunidad de paz y prosperidad. En junio de 2025, el presidente emitió la Orden Ejecutiva 14312, que eliminó formalmente las sanciones estadounidenses y ordenó a las agencias que tomaran medidas adicionales para fomentar la reimplicación del sector privado estadounidense y de sus socios extranjeros en Siria. Estados Unidos ya no impone sanciones integrales a Siria y las instituciones sirias, y las sanciones estadounidenses ya no actúan como barrera para la mayoría de los negocios en Siria. El Congreso derogó la Ley César, que pretendía responsabilizar al gobierno de Assad por abusos de derechos humanos, en 2025. Siguen vigentes sanciones contra Bashar al-Assad y sus asociados, violadores de derechos humanos, narcotraficantes de Captagon y otros actores regionales desestabilizadores que permanecen en la Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas (SDN) del Departamento del Tesoro. El presidente Trump y su Administración están comprometidos a ayudar a traer paz y prosperidad al pueblo sirio.

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Las protestas presenciales disminuyeron en Cuba durante agosto, pese a que la crisis energética registró niveles récord de déficit de generación.Rolando Cartaya, investigador principal del Observatorio Cubano de Conflictos explica a Martí Noticias las causas de este descenso.

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Las protestas presenciales disminuyeron en Cuba durante agosto pese a que la crisis energética alcanzó niveles récord de déficit de generación, según un informe del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC). La organización documentó 34 protestas en las calles durante el mes, frente a 72 en julio y 107 en junio. En total, contabilizó 1.185 protestas, denuncias y expresiones críticas, de las cuales 291 fueron consideradas desafíos directos al Estado policial. Rolando Cartaya, investigador principal del OCC y director de proyectos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, explicó a Martí Noticias que la disminución se produjo en medio del deterioro de las condiciones de vida en la isla. “A pesar de que hubo esfuerzos en las calles por parte de los cubanos, protestas contra los apagones, la falta de agua y la falta de comida, hubo en el mes de agosto una baja bastante sensible: 34 protestas, comparadas con 72 en julio y 107 en junio”, señaló. Los 291 desafíos al Estado policial registrados en agosto representan una caída frente a los 520 documentados en julio y los 406 de junio. “Estas reducciones, del 54,2 % y el 44 %, respectivamente, se explican tanto por el agotamiento que provoca una agudización de la crisis socioeconómica como por la disipación del ‘efecto Trump’”, afirmó Cartaya. Según el investigador, las expectativas de un posible cambio político aumentaron entre algunos cubanos después de la operación estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y las posteriores declaraciones del presidente Donald Trump y miembros de su administración sobre Cuba. El informe señala que la crisis socioeconómica concentró más del 67 % de las expresiones contestatarias registradas durante agosto. El OCC documentó además nueve grafitis antigubernamentales, incendios de instalaciones policiales y la huelga de hambre del opositor Guillermo del Sol, quien abandonó la protesta después de 72 días. La huelga buscaba llamar la atención sobre la situación de los presos políticos en la isla. Los servicios públicos encabezaron las denuncias, con 236 registros, principalmente relacionados con los prolongados cortes eléctricos. En Lawton, municipio Diez de Octubre, residentes acumularon 137 horas sin electricidad en una semana. “Los cortes de 20, 30 o más de 50 horas detuvieron el bombeo de agua, pudrieron los alimentos e inutilizaron los medicamentos”, explicó Cartaya. La Habana concentró 25 protestas callejeras en las que hubo presencia de fuerzas antidisturbios conocidas como Boinas Negras. Otras siete ocurrieron en diferentes provincias, indica el reporte. Las protestas y denuncias relacionadas con la alimentación, la inflación y la agricultura aumentaron de 131 en julio a 218 en agosto. El OCC atribuyó el incremento, entre otros factores, a la decisión del Gobierno de retirar los topes de precios, lo que habría encarecido productos básicos como el aceite y los huevos. El informe recoge el testimonio de Mary Yllas, quien describió la búsqueda de comida en la isla como una experiencia de “temor, estrés, angustia, desesperación y llanto, hasta encontrar algo”. Otra cubana, Mayolín Joaquín Coy, dijo que ella, su pareja y sus tres hijos subsisten con los pocos alimentos que pueden pagar, entre ellos un hueso de pollo de 50 pesos cubanos y un boniato. Las denuncias por inseguridad ciudadana pasaron de 131 en julio a 177 en agosto, un incremento del 30 %. El OCC registró 38 muertes relacionadas con la violencia criminal, social, de género e intrafamiliar. “Cualquier objeto, un teléfono, unos pesos, una bicicleta o una motorina, puede ser motivo suficiente para matar”, advirtió Cartaya. El investigador señaló que la oscuridad provocada por los apagones y la escasa presencia policial facilitan la actuación de los delincuentes. El Observatorio documentó 19 robos de motorinas, triciclos y otros vehículos durante agosto, frente a siete en julio. El apartado dedicado a otros problemas sociales acumuló 110 registros. Entre las principales preocupaciones aparecieron la incertidumbre sobre el futuro, la disminución de la población en edad laboral debido a la emigración y la caída de la natalidad, además de los problemas económicos que enfrentan las familias ante el comienzo del curso escolar y el déficit de maestros. El OCC documentó 100 actos represivos durante agosto. Entre ellos mencionó un incidente durante un cacerolazo en Jaimanitas, donde un automóvil habría sido utilizado para intimidar y embestir a los manifestantes. El Observatorio dijo que un episodio similar había ocurrido en Lawton a finales de julio. El reporte también menciona una nueva legislación que autoriza al Ministerio del Interior a recopilar datos biométricos como la voz, el iris, el rostro y la firma digital. Según el OCC, la medida facilita la vigilancia de la actividad en internet sin un control judicial independiente. En el área de salud pública se contabilizaron 42 protestas y denuncias, muchas relacionadas con la propagación del dengue, la falta de fumigación y las deficiencias en la atención de menores con fiebre en hospitales pediátricos. El informe también registró 15 protestas y denuncias vinculadas con la vivienda, entre ellas derrumbes, deterioro estructural, desalojos sin alternativas, largas esperas por asistencia estatal y casos en los que la sociedad civil tuvo que ayudar a las familias afectadas. Para el OCC, las expresiones críticas surgidas durante las celebraciones oficiales por el centenario de Fidel Castro evidenciaron además un cambio en la percepción de una parte de la ciudadanía. “Hoy quienes se expresan en redes y en cacerolazos ya no separan al hombre de la obra. Ven los apagones, el hambre, la censura, los privilegios en la cúpula y la ausencia de alternativas como parte de la obra de Castro”, concluyó Cartaya.

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LA CASA BLANCA HOJA INFORMATIVA 31 DE AGOSTO DE 2026 ASEGURAR UN SUMINISTRO DE PETRÓLEO ESTABLE Y A BAJO COSTO EN NUESTRO HEMISFERIO: En el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial, el presidente Donald J. Trump ha conseguido el control mayoritario estadounidense de más de 65.000 millones de barriles de reservas petroleras comprobadas en Venezuela, lo que expandió sustancialmente las actuales reservas territoriales comprobadas de Estados Unidos, de aproximadamente 46.000 millones de barriles. Este acuerdo asegura nuestro dominio energético para el próximo siglo, sin costo alguno para Estados Unidos. El acuerdo, firmado por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, otorga al gobierno de Estados Unidos poderosos derechos de gobernanza, propiedad económica y un convenio de compra garantizada a bajo costo a un nuevo actor petrolero privado de Venezuela, que será la segunda compañía petrolera privada más grande del mundo en términos de reservas: En relación con este acuerdo, las autoridades interinas venezolanas han otorgado a North American Blue Energy Partners (NABEP), una compañía petrolera de capital privado que es la segunda mayor productora privada venezolana y una operadora probada, concesiones por 100 años para 17 yacimientos petrolíferos con reservas confirmadas de aproximadamente 65 mil millones de barriles. Sin costo alguno para el contribuyente estadounidense, NABEP ha otorgado a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de Estados Unidos una participación accionaria del 35 % en su sociedad matriz, lo que representa un valor y dividendos de hasta cientos de miles de millones para Estados Unidos. NABEP le ha otorgado al Departamento de Estado de Estados Unidos el derecho de comprar, al costo de producción, un 20 % garantizado de la producción de todos los yacimientos actuales y futuros operados por NABEP. Esto asegura un suministro estable de petróleo a bajo costo que puede facilitar el reabastecimiento de la Reserva Estratégica de Petróleo ( Strategic Petroleum Reserve , SPR), la cual Joe Biden redujo a mínimos históricos, y abastecer usos militares y otros usos sensibles. NABEP también otorgó al Departamento de Estado de Estados Unidos el derecho de adquisición preferente del 80 % restante de su producción, lo que proporciona una fuente garantizada de energía en nuestro hemisferio en situaciones de emergencia. El Gobierno de Estados Unidos tiene poder de veto sobre el nombramiento de cualquier miembro de la junta directiva, y la mayoría de quienes integren la junta de NABEP deben ser ciudadanos estadounidenses. NABEP contará con auditores, abogados y asesores estadounidenses de renombre y el acuerdo del Gobierno de Estados Unidos con NABEP se rige por el derecho estadounidense y está sujeto a la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos. Millones de barriles de nueva producción venezolana serán procesados a través de refinerías estadounidenses y extraídos con equipos de perforación e infraestructura estadounidenses, lo que favorecerá inversiones por miles de millones en Estados Unidos y miles de puestos de trabajo aquí en nuestro país. IMPULSAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y LA RECONSTRUCCIÓN DEL SECTOR PETROLERO DE VENEZUELA: Esta privatización e inversión sin precedentes en el sector energético venezolano es un paso clave en el plan tripartito de estabilización, reconstrucción y transición democrática de la Administración Trump. El crecimiento impulsado por el sector privado en la producción, el volumen de extracción y la inversión en Venezuela es una condición previa clave para impulsar la reforma continua y la transición democrática después del éxito rotundo de la operación “ Absolute Resolve ”: NABEP ha desarrollado un plan ambicioso para llevar rápidamente a mayor escala la producción invirtiendo hasta 100.000 millones de dólares en nueva infraestructura petrolera en Venezuela. Esto ayudará a impulsar el crecimiento económico, contribuirá a crear miles de puestos de trabajo bien remunerados en Venezuela y generará decenas de miles de millones en la actividad económica en general. Las concesiones de NABEP se rigen por la nueva ley de hidrocarburos de Venezuela, adoptada con el apoyo de Estados Unidos, que prevé la modernización, la privatización y el desarrollo históricos del sector petrolero en declive de Venezuela. En este marco, y a medida que se incremente la escala de la producción, se prevé que NABEP pague 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años, lo que representa una fuente de ingresos y apoyo fiscal críticos para los gobiernos venezolanos actual y futuros con el objetivo de financiar la reconstrucción y el desarrollo social. Tras años de mala gestión e inversión insuficiente, la mayoría de los yacimientos petrolíferos de Venezuela no están produciendo o tienen una producción sumamente baja. Al invertir en un operador privado probado con antecedentes de escalamiento de la producción en el país, que podrá atraer fondos privados estadounidenses para costear gastos de capital, Venezuela tiene una oportunidad histórica para revitalizar su sector clave, favorecer el crecimiento de la producción petrolera y lograr que crezca su economía. Las disposiciones sólidas sobre gobernanza y auditoría del Gobierno de Estados Unidos, junto con la reforma bancaria, la fiscalización de pagos y la supervisión financiera de la Administración Trump, asegurarán que los pagos de impuestos y regalías se usen en beneficio del pueblo venezolano. Estados Unidos está auspiciando diálogos de reconciliación entre la Asamblea Nacional de 2015 y las autoridades interinas, un proceso que ya ha dado lugar a reformas significativas en el poder judicial venezolano, la liberación de cientos de presos políticos y esfuerzos de cooperación para financiar la reconstrucción tras los terremotos devastadores de junio. El proceso seguirá adelante y habrá reuniones adicionales en septiembre. REAFIRMAR LA DOCTRINA MONROE Y EXPULSAR A ADVERSARIOS EXTRANJEROS DE NUESTRO HEMISFERIO: La mayoría de los yacimientos petrolíferos incrementales operados por NABEP estuvieron anteriormente bajo el control o la operación de empresas rusas y chinas, o de cómplices corruptos de Maduro y Chávez. Estos actores extranjeros maliciosos saquearon los recursos de Venezuela para beneficiar a adversarios estadounidenses como Cuba, Rusia y China, y no invirtieron en la infraestructura ni el desarrollo de Venezuela. El presidente Trump ha restablecido la Doctrina Monroe, purgando la influencia maligna extranjera de nuestra propia región y asegurando que nunca más se cuestione el dominio estadounidense en nuestro hemisferio. Mediante el trabajo con socios nuevos y existentes, la Administración del presidente Trump está creando nuevas cadenas de suministro robustas, estratégicas y defendibles en nuestro hemisferio para contribuir a la revitalización de nuestros sectores manufacturero y energético tras años de decadencia globalista. Para ver el texto original, ir a: https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/08/fact-sheet-president-donald-j-trump-announces-historic-oil-agreement-to-secure-american-energy-dominance-and-drive-venezuelas-economic-recovery/ Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.

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En Latinoamérica y el Caribe, la tecnología china está cada vez más integrada en los sistemas que sustentan la vida cotidiana y las operaciones gubernamentales. Desde redes de telecomunicaciones y sistemas de videovigilancia hasta servicios en la nube y aplicaciones emergentes de inteligencia artificial (IA), la creciente presencia de Pekín en el ámbito digital está alimentando un debate regional sobre soberanía digital, ciberseguridad y dependencia tecnológica. A medida que los gobiernos modernizan infraestructura crítica y amplían los servicios digitales, las preguntas van más allá de la tecnología en sí para centrarse en quién controla las redes, las plataformas y los datos que respaldan funciones esenciales. Pekín ha buscado ampliar su participación en sectores vinculados a la conectividad, la gestión de datos y la infraestructura digital como parte de estrategias nacionales más amplias enfocadas en la innovación tecnológica y la competitividad global. Esta expansión no ocurre de forma aislada. Refleja prioridades más amplias del gobierno chino plasmadas en el XV Plan Quinquenal y en la estrategia de las “Nuevas Fuerzas Productivas de Calidad”, que buscan situar a China a la vanguardia de las tecnologías llamadas a moldear la economía global y el entorno digital. Según la Brookings Institution, Pekín está invirtiendo fuertemente en sectores como los semiconductores, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la robótica, la biotecnología y la biofabricación, como parte de su transición hacia industrias de mayor valor agregado. A medida que gobiernos y empresas de Latinoamérica adoptan tecnologías digitales, la región depende cada vez más de plataformas, infraestructura y cadenas de suministro desarrolladas y gestionadas por empresas chinas. Análisis estratégico y técnico La apuesta china no se limita a vender equipos de telecomunicaciones. El Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos (CFR) sostiene que la Ruta de la Seda Digital busca posicionar a China en sectores estratégicos mediante redes 5G, centros de datos, servicios en la nube, IA y plataformas conectadas a infraestructura crítica. El debate ha evolucionado más allá de la pregunta sobre quién construye las redes de telecomunicaciones. Cada vez más, responsables de políticas públicas y especialistas se preguntan quién controla los datos, el software y las plataformas digitales que respaldan funciones gubernamentales sensibles, infraestructura crítica y servicios públicos. Víctor Ruiz, fundador del centro de ciberseguridad SILIKN en México, resume la lógica del avance: “China ha mantenido una estrategia tecnológica de largo plazo orientada a ampliar su presencia internacional mediante infraestructura digital y acuerdos tecnológicos”. Y añade por qué resulta tan difícil de rechazar: “estas ofertas suelen resultar atractivas por sus menores costos, aumentando la dependencia de plataformas y servicios controlados por proveedores chinos”. El CFR advierte que la expansión de la Ruta de la Seda Digital ha generado preocupaciones relacionadas con la vigilancia digital, la gobernanza de los datos y el control estatal de los sistemas de información, y señala que empresas chinas han colaborado en capacidades de monitoreo en terceros países, donde autoridades de Pekín han ofrecido capacitación sobre vigilancia y censura de Internet en tiempo real. Otro elemento importante es el marco jurídico que regula a las empresas chinas. Las leyes chinas en materia de seguridad nacional, inteligencia y gestión de datos han generado preocupación entre gobiernos y analistas sobre el alcance de la cooperación que las empresas podrían verse obligadas a prestar a las autoridades estatales. Las vulnerabilidades ya no se reducen al hardware . Un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) señala que la exposición abarca la nube, el software , la IA y la interoperabilidad administrada por proveedores externos, dependencias difíciles de sustituir durante una crisis o una tensión geopolítica. “Esta situación amplía riesgos relacionados con control tecnológico y acceso a información estratégica”, apunta Ruiz. En la misma línea, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de los Estados Unidos (CISA) alerta sobre los riesgos de las cadenas globales de suministro, el acceso remoto y los servicios digitales centralizados ligados a infraestructura crítica, donde la resiliencia digital se ha vuelto clave para proteger operaciones esenciales y datos sensibles. Las preocupaciones van más allá de la ciberseguridad. Las redes de comunicaciones, las plataformas de videovigilancia, los servicios en la nube y los sistemas de gestión de datos respaldan cada vez más las labores de las fuerzas del orden, la seguridad fronteriza, la respuesta a emergencias y la protección de infraestructura crítica. A medida que estos sistemas se vuelven más interconectados, las cuestiones de resiliencia y control adquieren una importancia creciente para la planificación de la seguridad nacional. Dimensión industrial y programática Varias empresas chinas desempeñan un papel central en esta expansión. Un reporte del laboratorio de ideas Atlantic Council señala que compañías como Huawei, ZTE y SenseTime han ampliado su participación en proyectos de telecomunicaciones, fibra óptica, videovigilancia y aplicaciones de IA vinculadas a la digitalización gubernamental. En varios países latinoamericanos firmas chinas han crecido en telecomunicaciones, videovigilancia y proyectos de ciudades inteligentes, integrándose en la infraestructura digital que sostiene servicios de uso diario. El CFR observa, además, que Pekín ha impulsado con fuerza la cooperación tecnológica mientras las discusiones sobre gobernanza digital y protección de datos han recibido mucha menos atención. Cooperación y proyección regional Las implicaciones ya se traducen en decisiones concretas. En Costa Rica, el Ejecutivo excluyó a Huawei del desarrollo de las redes 5G mediante regulaciones de ciberseguridad que restringen la participación de proveedores proveniente de países que no forman parte del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia. Las autoridades sostuvieron que las medidas buscaban reducir los riesgos asociados al acceso estatal a datos sensibles y a infraestructura crítica de comunicaciones. Panamá, por su parte, avanzó en el reemplazo de equipos Huawei instalados en varios sitios estratégicos de telecomunicaciones, en medio de preocupaciones por la seguridad de redes y la dependencia tecnológica. Ambos casos reflejan una tendencia regional: un creciente escrutinio del papel de los proveedores tecnológicos chinos en infraestructuras consideradas estratégicas para las comunicaciones, la seguridad nacional y la gestión de datos. Para Latinoamérica y el Caribe, el debate ya no gira únicamente en torno a equipos de telecomunicaciones o inversión extranjera. Cada vez más, se trata de resiliencia, gobernanza y control sobre los sistemas digitales que sustentan los servicios públicos, la infraestructura crítica y la seguridad nacional. Las redes, centros de datos, plataformas en la nube y sistemas de videovigilancia que se adoptan hoy ayudarán a definir cómo los gobiernos gestionan la información, responden a las crisis y protegen datos sensibles en el futuro. A medida que los países continúan modernizando su infraestructura digital, las decisiones sobre diversificación de proveedores, estándares de ciberseguridad y gobernanza de datos desempeñarán un papel cada vez más importante para preservar la flexibilidad operativa y reducir vulnerabilidades estratégicas. Como señala Ruiz, “Fortalecer capacidades nacionales y diversificar proveedores tecnológicos será clave para reducir vulnerabilidades y preservar mayores márgenes de autonomía digital”. Para los gobiernos de la región, el desafío no es si adoptar tecnología extranjera, sino cómo hacerlo preservando la resiliencia, manteniendo la flexibilidad operativa y evitando dependencias que puedan limitar sus opciones futuras. A medida que las empresas chinas amplían su presencia en sectores como las telecomunicaciones, los servicios en la nube, la inteligencia artificial y la infraestructura digital, las decisiones que adopten hoy los gobiernos de la región tendrán un impacto cada vez mayor en la forma en que se configurará su futuro digital. [Este artículo fue publicado originalmente en Diálogo Américas ]

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La periodista independiente Yunia Figueredo fue citada por la policía para comparecer este martes, a las dos de la tarde, en una unidad de La Habana. Figueredo dijo a Martí Noticias que las autoridades le abrieron un proceso judicial relacionado con las recientes protestas en Jaimanitas.

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La periodista independiente y activista de derechos humanos Yunia Figueredo fue citada por la Policía Nacional Revolucionaria para comparecer este martes, 1 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, en una unidad policial de La Habana, según declaró a Martí Noticias. La citación fue entregada el lunes en su vivienda por el jefe de sector de la zona, explicó Figueredo, quien aseguró que otras personas residentes en Jaimanitas también habrían sido convocadas por las autoridades debido a las recientes protestas ocurridas en esa comunidad habanera. “Hoy me volvió a venir el jefe de sector aquí a la casa con una citación para mañana a las dos de la tarde. Según veo, también varias personas aquí en Jaimanitas fueron citadas para mañana debido a las recientes protestas que hubo aquí”, dijo la periodista. Figueredo señaló que el pasado 20 de julio ya había sido interrogada por agentes de la Seguridad del Estado, quienes le informaron sobre la apertura de un proceso judicial en su contra por las manifestaciones ocurridas en Jaimanitas. “El día 20 de julio fui citada por la Seguridad del Estado para informarme que me habían abierto un proceso judicial por las recientes protestas que comenzaron aquí el día 8”, relató. Según la periodista, las manifestaciones estuvieron motivadas por el deterioro de las condiciones de vida en la comunidad, incluidos los prolongados apagones, la falta de agua y la escasez de alimentos. “Las protestas se hicieron muy seguidas por la extensión de los apagones, la falta de agua, los problemas de alimentación y la comida echada a perder”, afirmó Figueredo. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) informó que la periodista deberá presentarse en la unidad policial ubicada en 198, entre 13 y 15. Otra residente, identificada como Melba Suárez Ramírez, habría recibido una citación para la misma fecha y hora, de acuerdo con una publicación de la organización. El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), proyecto del ICLEP, considera que las convocatorias podrían formar parte de una acción coordinada contra personas que han expresado opiniones críticas sobre la situación del país. La organización recordó que, durante la comparecencia del 20 de julio, las autoridades responsabilizaron a Figueredo de presuntamente liderar las protestas de Jaimanitas en reclamo del restablecimiento del servicio eléctrico. El ICLEP también denunció que dos agentes de la Seguridad del Estado visitaron la vivienda de la periodista el 18 de agosto y la amenazaron por haber participado en una actividad organizada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana. De acuerdo con la organización, los agentes habrían utilizado como mecanismo de presión los estudios de la hija mayor de Figueredo, quien debe comenzar la universidad en septiembre. El OCLE clasificó el caso como un ataque, amenaza o agresión psicológica, debido a que la nueva citación ocurre en medio de un proceso penal y después de las presiones denunciadas contra la periodista y su familia. La organización exigió a las autoridades cubanas que cesen el hostigamiento contra Figueredo y garanticen que la comparecencia policial no derive en nuevas represalias. Hasta el momento, las autoridades cubanas no se han pronunciado públicamente sobre las denuncias.

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La nueva cartera de inversiones extranjeras en Cuba, presentada por La Habana en noviembre de 2025, mostró el verdadero interés de la élite militar gobernante en la isla: mientras más el 62 % de los fondos que buscaba eran para el sector turístico, solo un 7 % estaban destinados a producir alimentos para los cubanos. Así lo reveló “Prioridades de papel”, una investigación de CubaChequea, la unidad de verificación de Árbol Invertido y miembro de LatamChequea, sobre la cartera oficial cubana de inversión extranjera. “El resultado de nuestra investigación arroja una contradicción enorme. Mientras el gobierno cubano proclama como prioridades la producción de alimentos, la recuperación del sistema eléctrico, las energías renovables, la infraestructura y el desarrollo del país, o sea, todas esas necesidades básicas de la población, su propia cartera dirige el grueso de la búsqueda hacia otro lugar muy diferente”, explicó Francis Sánchez, director ejecutivo de Árbol Invertido y autor del informe junto al periodista principal de la investigación, Julio Gerardo Hun Longchong. El reporte de CubaChequea detalla que la nueva cartera de inversiones del régimen cubano, que prioriza sobre todo el turismo, sumaba para ese sector en su conjunto unos 10.669 millones de dólares: casi nueve dólares por cada dólar que buscaba captar para producir alimentos, irónicamente en un país cuya población sufre la más grave escasez de comida y productos básicos. “Hay proyectos turísticos que buscan alrededor de mil millones de dólares. Mientras que el 89,2 por ciento de los proyectos para producir alimentos no superan los 10 millones de dólares”, afirmó Sánchez en un video publicado por Árbol Invertido, junto a los detalles de la investigación. Gráfica de resultado de investigación sobre cartera de inversiones extranjeras en Cuba de CubaChequea La publicación de esta investigación se hizo posible después que el equipo de CubaChequea recuperó, reconstruyó y analizó 308 proyectos oficiales que aún la plataforma oficial del régimen Invierta en Cuba mantenía en internet. La Habana había presentado su nueva cartera de inversiones extranjeras el 25 de noviembre de 2025 con 426 proyectos, entre ellos 124 proyectos energéticos. Pero como detalló en su video el director ejecutivo de CubaChequea, sólo 15 días después, 118 de los proyectos de esa cartera, todos del sector energético, habían desaparecido del sitio oficial en internet. De esos 118, sólo quedaron en la plataforma, seis proyectos, todos sobre la exploración petrolera. Ninguno sobre el uso de energía renovable. “Meses después ocurrió algo todavía más grave: desapareció de internet toda la plataforma llamada Invierta en Cuba donde el gobierno publicaba su cartera de negocios para captar inversión extranjera”, aseguró Sánchez en su publicación donde dijo además que hasta hoy el gobierno cubano no había dado ninguna explicación pública sobre estas desapariciones. “Pero antes de que desapareciera, desde CubaChequea logramos presentar y reservar los 308 proyectos que todavía permanecían publicados”, destacó Sánchez. Gráfica de resultado de investigación sobre cartera de inversiones extranjeras en Cuba de CubaChequea Esta investigación mostró también como en el cao de tema Infraestructura, el 91,4 % del capital incluido en esa rama, era igualmente para el turismo en Cuba. Sólo un proyecto hotelero en la península de Ancón, Sancti Spíritus, pedía 1.094 millones de dólares, el 82,9 % de del capital solicitado en ese tópico. “Estamos comparando lo que el gobierno cubano dice prioriza con los mismos negocios que el gobierno cubano ofrece a los inversionistas extranjeros. Y resulta que cuando seguimos ese rastro de dinero y negocios, descubrimos que los intereses reales del gobierno cubano no coinciden ni con sus propias declaraciones ni con las necesidades mayores de la población cubana”, aseveró el directivo de CubaChequea. De acuerdo con Sánchez, los intereses del régimen, con su nueva cartera de inversiones extranjeras muestran que “no priorizan ni la alimentación ni el desarrollo territorial ni la energía y mucho menos la energía renovable.” El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, Juan Pablo Segura, recordó la semana pasada en una publicación en la red social X que el emporio militar cubano GAESA, que tiene bajo su control, entre otros sectores en la isla, el turismo, ha operado por años fuera del del alcance de los mecanismos de fiscalización del Estado, lo que, señaló, facilitó el desvío de miles de millones de dólares de recursos públicos. Además del turismo, GAESA controla amplios sectores de la economía cubana, como el comercio minorista, los bienes raíces, los puertos y otros servicios estratégicos. En una publicación anterior Segura, había advertido a las empresas extranjeras si hacían negocios con ese conglomerado militar cubano que ha estado en el foco de varias de las más recientes sanciones de Estados Unidos al régimen de La Habana. “GAESA no es solo una empresa. Se trata de una amplia red corrupta que controla hoteles, tiendas, sector inmobiliario, transporte, finanzas y otros ámbitos del régimen”, explicó.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó en Miami la importancia de la cooperación con Estados Unidos para enfrentar a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y al terrorismo.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó en Miami el papel de Cuba y aseguró que el régimen de La Habana “se ha prestado para el terrorismo, para los peores delitos y para el narcotráfico”. Durante su visita al sur de Florida, Gutiérrez insistió en que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no son guerrillas, sino estructuras criminales, y dijo que la colaboración con Estados Unidos es fundamental para enfrentarlas. El alcalde destacó la importancia de fortalecer la cooperación con Estados Unidos para combatir organizaciones vinculadas al narcotráfico, el terrorismo y otras actividades criminales que operan en Colombia y otros países de la región. “En Colombia no hay guerrilla. En Colombia hay estructuras criminales dedicadas al terrorismo, al narcotráfico, al oro ilegal, a acabar con el medio ambiente, a secuestrar, a la extorsión. No son guerrillas... Simplemente hay que combatirlos”, declaró. Asimismo, sostuvo que la colaboración de Estados Unidos resulta fundamental para enfrentar organizaciones que, según denunció, mantienen operaciones que trascienden las fronteras colombianas. “La colaboración con el gobierno de Estados Unidos para Colombia es fundamental y se tiene que notar cada vez más”, afirmó. Alcalde de Medellín: apoyo de EEUU es clave contra redes criminales hemisféricas Gutiérrez pide una Cuba libre Durante sus declaraciones en Miami, Gutiérrez cuestionó el papel del régimen de La Habana frente a organizaciones armadas y actividades ilícitas en la región. “Pues ojalá Cuba sea liberada. Yo creo que todas esas dictaduras se tienen que caer de una vez por todas. Se han prestado para el terrorismo, se han prestado para los peores delitos, se han prestado para el narcotráfico, para proteger a todos estos criminales”, expresó. Cuba ha sido durante años un punto central en las relaciones con Colombia por la presencia en la isla de integrantes del ELN, organización que participó en procesos de negociación con distintos gobiernos colombianos. Gutiérrez insistió en que, desde su perspectiva, la actuación actual de estos grupos responde fundamentalmente a intereses criminales y económicos y no a motivaciones ideológicas. Venezuela y el impacto regional de la captura de Maduro El alcalde de Medellín también vinculó la situación de seguridad de Colombia con Venezuela y sostuvo que la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos tuvo repercusiones más allá de las fronteras venezolanas. Gutiérrez planteó que, de no haberse producido la detención de Maduro, este habría podido intentar influir en las elecciones colombianas. El alcalde presentó esa posibilidad como un escenario hipotético y destacó el estrecho margen con el que se definió la contienda presidencial. “Cuando uno mira el impacto de la captura de Nicolás Maduro, no solo es un impacto en Venezuela, es un impacto en la región”, señaló. Gutiérrez aseguró que un cambio en Venezuela es también determinante para la seguridad colombiana debido a la histórica presencia denunciada por autoridades de Colombia de integrantes de grupos armados al otro lado de la frontera. “Para nosotros poder acabar con las FARC, el ELN y esas organizaciones criminales necesitamos que cambie todo en Venezuela, porque de lo contrario es lo de siempre: cometen los actos terroristas en Colombia y se escudan al otro lado de la frontera, donde han estado escondiéndose durante años y los protegieron tanto. Son unos criminales y tienen que responder”, afirmó. El alcalde expresó además su solidaridad con los venezolanos y aseguró que la crisis que atravesó ese país debe servir como advertencia para Colombia sobre la importancia de preservar sus instituciones democráticas. Reunión con autoridades federales en Miami La visita de Federico Gutiérrez a Miami incluyó encuentros con autoridades federales estadounidenses, entre ellas funcionarios del FBI, a quienes acudió para proporcionar información relacionada con presuntos hechos ilícitos que, según sus denuncias, podrían tener conexiones en Estados Unidos. Gutiérrez ha señalado que busca que las autoridades estadounidenses investiguen posibles movimientos de recursos y redes que habrían operado fuera de Colombia, además de fortalecer la cooperación internacional frente al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. El alcalde enmarcó esos encuentros en una estrategia para conseguir mayor colaboración de Estados Unidos frente a organizaciones criminales con capacidad de operar a través de diferentes países del hemisferio.

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Estados Unidos denunció que familiares y miembros de la comunidad del fallecido líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera permanecen desaparecidos tres meses después de haber sido detenidos cuando reclamaban la entrega de sus restos. Juan Pablo Segura, secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, denunció que las autoridades nicaragüenses hicieron desaparecer a Rivera mientras permanecía encarcelado y que posteriormente actuaron contra personas de su entorno que intentaron recuperar sus restos. “Las autoridades de Murillo y Ortega desaparecieron a Brooklyn Rivera en las cárceles de la dictadura, donde murió trágicamente. Posteriormente, la dictadura hizo desaparecer a los familiares y miembros de la comunidad de Rivera cuando estos solicitaron sus restos”, escribió Segura. El funcionario identificó entre los detenidos a Alda, Kurney, Jorbis, Jorge, Florencia y Glenis, y aseguró que, tres meses después, continúa sin conocerse su paradero. “Esto es tiranía en su forma más cruel y cobarde”, afirmó. “Liberen incondicionalmente a la familia de Brooklyn y a todos los presos políticos”, indicó. Segura ya había denunciado el caso en julio, cuando señaló que ocho personas permanecían detenidas por reclamar la devolución de los restos de Rivera a su familia y su comunidad. Rivera fue fundador de la organización indígena YATAMA y una de las figuras políticas más conocidas de la Costa Caribe de Nicaragua. Había sido detenido en septiembre de 2023 y durante un prolongado período permaneció incomunicado, mientras familiares, organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros reclamaban información y pruebas de vida. Tras conocerse su muerte, el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau responsabilizó directamente al gobierno nicaragüense. “La dictadura de Ortega y Murillo en Nicaragua es responsable de la muerte de Brooklyn Rivera, líder del partido político YATAMA, alineado con los pueblos indígenas”, afirmó Landau en ese momento. Amnistía Internacional pidió una investigación independiente sobre las circunstancias de su muerte. Ana Piquer, directora para las Américas de la organización, sostuvo que “Brooklyn Rivera no debería haber muerto bajo custodia del Estado nicaragüense” y recordó que el dirigente permanecía “detenido arbitrariamente” antes de su fallecimiento.

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El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, para abordar la situación en la isla y los esfuerzos de Washington por canalizar los 100 millones de dólares en asistencia humanitaria, informó este lunes la Embajada estadounidense en La Habana. “El jefe de misión Mike Hammer se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, y ofreció una actualización sobre la situación actual en Cuba, así como sobre nuestros esfuerzos para canalizar 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a través de Cáritas y nuestro continuo apoyo a las aspiraciones del pueblo cubano de vivir con libertad y dignidad”, señaló la sede diplomática en una publicación. Estados Unidos avanza en la distribución de la asistencia anunciada en mayo por Rubio y destinada a sectores vulnerables de la población cubana. Como parte de ese programa, Washington envió en julio un nuevo cargamento que incluyó 700 kits de higiene y 700 paquetes de alimentos. Las autoridades estadounidenses han señalado que la ayuda se distribuye mediante organizaciones independientes y religiosas, entre ellas Catholic Relief Services y Cáritas Cuba, con la intención de hacerla llegar directamente a los beneficiarios y evitar que sea administrada por el gobierno cubano. El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio. La Embajada estadounidense ha difundido en las últimas semanas varios videos de Hammer durante recorridos por la isla para constatar el proceso de entrega de la asistencia y conversar con sus beneficiarios.

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La realidad de Cuba a través del testimonio de residentes dentro de la isla, quienes actualizarán el panorama interno de la mano de su conductora, la activista y escritora cubana Janisset Rivero.

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Penélope Núñez tiene 18 años y vive en un barrio muy pobre de Boyeros, La Habana. Ama la Física desde que es muy pequeña, y se ha dedicado a investigar las ciencias de forma autodidacta. Ha ideado el modelo aerodinámico de una moto, estudiando el método de Nikolas Tesla, aunque carece de las condiciones materiales para poner a prueba su experimento. Sueña con estudiar Física Clásica y Biotecnología pero sabe que se enfrenta a una realidad: los profesionales en Cuba no ganan suficiente como para poder pagar el costo de vida y, además, existe un sistema que impide el desarrollo individual de los talentos. “El socialismo, el comunismo, esas cosas que plantea son ideas de pobreza. Tú no puedes querer que todas las personas sean iguales y que tengan lo mismo porque es imposible. […] no hay igualdad. Tú no puedes comparar a una persona con otra persona, no son iguales, son dos cerebros distintos, con ideales distintos, con morales distintas, con objetivos distintos, es decir, no somos iguales”, afirmó durante una entrevista en el programa “Barrio Adentro” de Radio Martí. Este martes, al iniciar el curso escolar en Cuba, Penélope comenzará el último año del preuniversitario. La joven, quien considera que el país no está preparado para iniciar las clases, cuenta que la escuela a la que regresará tiene deficiencias en el servicio de agua, los baños y la estructura en general. “Aquí hay talento y hay personas que se esfuerzan, pero no se dejan ver por la igualdad esa que quisieron imponer. Aquí hay personas que se destacan porque se esfuerzan en lo que hacen y se preparan”, aseveró la joven quien dijo además que “para que haya sociedad tiene que haber diversidad”. La falta de incentivos para que los jóvenes estudien ha creado la visión de que es mejor no estudiar, lo cual genera mayores problemas para el presente y el futuro de Cuba. Para Penélope, crea una “vaga moralidad” y ayuda a la destrucción de la población. De acuerdo a la joven estudiante, es necesario un cambio en la Isla para que se abran las oportunidades. “Les quiero decir a todos que se preparen porque hoy Cuba es un país reprimido pero no saben mañana cómo va a ser el país, ni las oportunidades que van a tener. Prepárense siempre e intenten construir, descubran su pasión, que cada quien tiene una […] no se dejen llevar por la mala moral y por el declive de la sociedad, tengan una preparación y la añoranza de que algún día vamos a cambiar”, concluyó.

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Los Orioles de Baltimore reclamaron al jardinero cubano Luis Robert Jr de la lista de waivers de los Mets de Nueva York. Robert fue puesto en la lista de transferibles por los Mets, equipo que ya no tiene posibilidades de llegar a la postemporada. La decisión de los Mets es una movida destinada a ahorrar dinero, luego de que el dueño Steve Cohen manifestara su disposición de ir tras el zurdo Tarik Skubal cuando abra la agencia libre, en una operación que costaría alrededor de 400 millones de dólares. Al cubano aún le corresponden aproximadamente tres millones de salario de esta temporada, que asumirían los Orioles. Además, el jugador tiene una opción de equipo de 20 millones para la próxima campaña, con una cláusula de rescisión de dos millones. Si Robert se incorpora a la plantilla activa antes del martes 1 de septiembre, podrá jugar en la postemporada, en caso de que Baltimore clasifique a los playoffs. Antes de los partidos de este lunes, los Orioles se encuentran a solo un juego de los Guardianes de Cleveland d por el tercer puesto de comodín en la Liga Americana. Robert fue firmado como agente libre por los Mets el pasado invierno, pero tuvo dificultades para encontrar su ritmo ofensivo a lo largo de la campaña y perdió considerable tiempo de juego en la lista de lesionados. Sin embargo, mostró destellos de su considerable poder en las últimas semanas, al conectar cuatro jonrones en un lapso de seis juegos a mediados de agosto y Nueva York aprovechó ese repunte para ponerlo en el mercado. Robert, de 29 años, tuvo su mejor temporada en el 2023, con los Medias Blancas de Chicago, cuando incluso fue al Juego de las Estrellas. Pero desde entonces no ha alcanzado su máximo potencial, debido a constantes lesiones. Con él, los Orioles incorporan un bateador de poder a su alineación para proteger a Pete Alonso y Gunnar Henderson.

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Vecinos del poblado de Omaja, en el municipio Majibacoa, provincia de Las Tunas, salieron a las calles para reclamar el restablecimiento del servicio de agua después de meses sin suministro regular y prolongados apagones. Videos e imágenes difundidos en redes sociales muestran a residentes reunidos en las inmediaciones del parque, sonando cubos, tanques y otros recipientes utilizados habitualmente para almacenar agua. Un vecino del lugar confirmó a Martí Noticias que el domingo la protesta se extendió durante buena parte del día y que en horas de la tarde, las autoridades enviaron pipas con agua a algunas zonas. “Nos estamos muriendo de sed, no tenemos agua, ya este pueblo no aguanta más”, escribió en Facebook otro residente del poblado. Blas González, vecino de Omaja, dijo que los manifestantes se concentraron frente al parque. “Ya salimos hoy a reclamar un derecho y una necesidad de la vida del ser humano. Reclamamos agua”, comentó y aseguró que en la localidad “no hay agua ni para tomar ni para nada”. A la escasez de agua se sumaron los apagones. Residentes dijeron que al momento de la protesta acumulaban más de 24 horas sin electricidad. Durante el fin de semana vecinos El Fanguito, ubicado a orillas del río Almendares, y de la calle N, en El Vedado, salieron a protestaron también por los prolongados apagones. El mes pasado, el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, registró 1.415 protestas, denuncias y expresiones críticas, la cifra más alta documentada por la organización hasta el momento. Según el informe, el calor extremo unido a los apagones, la falta de agua y los problemas de salud pública y alimentación, junto con el creciente malestar ciudadano, han impulsado el mayor nivel de conflictividad social registrado hasta la fecha.